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Las 10 preguntas

Existen múltiples medios de resolución de controversias, por ejemplo, el recurso a los tribunales y el arbitraje. Los tribunales de los Emiratos Árabes Unidos tienen dos instancias (tribunales de primera instancia y de apelación).

En cambio, el arbitraje se desarrolla en una única instancia, y las partes recurren a él para resolver la controversia con rapidez y para que la decisión la adopte un árbitro especializado en la materia objeto de la controversia.

Las partes de la controversia pueden determinar el lugar de celebración de las audiencias, el idioma del procedimiento arbitral, los distintos plazos y numerosos trámites que acuerden para facilitar la resolución de la controversia.

El arbitraje lo lleva a cabo un árbitro o un tribunal arbitral de tres miembros, ya sea a través de un centro especializado (uno de los centros de arbitraje acreditados) o mediante un arbitraje libre (ad hoc).

Una vez dictado el laudo arbitral, su ejecución corresponde a los tribunales del Estado.

Con la promulgación del Decreto-ley n.º 14 de 2022, aplicable a partir del 2 de enero de 2022, se suprimió el delito de libramiento de cheque sin fondos y el legislador eliminó la pena prevista para este delito, que es el más frecuente entre los usuarios de cheques.

No obstante, siguen siendo punibles los siguientes delitos:

  • Librar un cheque que no puede cobrarse.
  • Retirar la totalidad del saldo o cerrar la cuenta antes de la emisión del cheque.
  • Firmar el cheque con una firma que no coincide con la registrada en el banco.
  • Que el librador ordene al banco que no pague el cheque.

La nueva legislación introdujo nuevas vías de cobro del cheque: ahora es posible el cobro parcial del cheque y la apertura de un expediente de ejecución directa contra el librador. No obstante, la ley exige que el motivo del rechazo por parte del banco sea únicamente la falta o insuficiencia de fondos. Fuera de estos supuestos, se siguen los procedimientos ordinarios para reclamar el importe del cheque, mediante un requerimiento de pago y la posterior emisión de una orden de pago.

  • Dado que la relación se rige por un contrato entre las partes, el promotor debe ejecutar el contrato de buena fe y cumplir todas sus exigencias.
  • Dado que el contrato entre las partes es vinculante para ambas, el promotor no puede desistir, modificarlo ni resolverlo unilateralmente, sino que el contrato debe cumplirse en todos sus términos.
  • Cualquier incumplimiento del promotor da lugar a una indemnización, o a la resolución con indemnización, según el caso y en función de los daños sufridos por el comprador, tanto por incumplimiento del promotor como por resolución unilateral del contrato.
  • Si la venta es sobre plano, el promotor debe inscribir la venta en el registro provisional del Departamento de Tierras y Propiedades.
  • El promotor debe terminar la construcción de la unidad vendida en el plazo acordado y conforme a las especificaciones pactadas en el contrato.
  • Si los pagos están vinculados al grado de avance de la obra, el promotor no tiene derecho a reclamar pagos anticipados que superen el porcentaje realmente ejecutado. El promotor incumple su obligación si no alcanza un porcentaje de avance equivalente a las cantidades recibidas.
  • El retraso en la ejecución y el incumplimiento de las especificaciones por parte del promotor permiten al comprador solicitar la resolución del contrato de compraventa y una indemnización.
  • La superficie vendida no debe ser inferior en más de un 5% a la pactada en el contrato; si lo es, procede la indemnización correspondiente, y por cualquier exceso el promotor no tiene derecho a reclamar nada.
  • El promotor debe entregar al comprador el original del contrato de compraventa.
  • El promotor debe abrir una cuenta de garantía (escrow) para el proyecto, depositar en ella todas las cantidades recibidas de los compradores y no disponer de ellas salvo para las obras de ejecución del proyecto.

La ciberdelincuencia tiene muchas definiciones: cualquier actividad delictiva dirigida contra un ordenador o una red informática, o que trate de utilizarlos. Incluye, por ejemplo, un ataque contra programas informáticos o la infección de un sistema o red informática con un virus o con cualquier otro tipo de software malicioso.

La ciberdelincuencia es cualquier actividad realizada a través de internet o de las redes sociales con el fin de obtener información o datos para perjudicar a la otra parte, o con el objetivo de obtener dinero y causar daños materiales y morales a las personas.

Según el Decreto-ley n.º 34 de 2021 sobre la lucha contra los rumores y la ciberdelincuencia, pueden ser sancionadas como ciberdelitos, entre otras conductas: cualquier intrusión electrónica en los sistemas de información de las instituciones del Estado o de otras instituciones, incluidos los daños a instituciones estatales e infraestructuras vitales; el ataque a datos e información personales o gubernamentales, o a datos de establecimientos económicos financieros y comerciales; el fraude a través de la red de información con la intención de cometer un delito; la creación de sitios web o cuentas electrónicas falsos a nombre de otra persona o entidad; el bloqueo u obstaculización del acceso a una red de información; la filtración de datos o comunicaciones; la recopilación de datos de personas sin autorización; o la falsificación de documentos electrónicos.

La legislación de los Emiratos Árabes Unidos regula las causas de disolución y liquidación de las sociedades y determina los supuestos en que la sociedad se extingue, distinguiendo entre supuestos generales y supuestos relativos a los socios (de carácter personal). A continuación exponemos estos supuestos.

Supuestos generales

  • Extinción del objeto para el que se constituyó la sociedad o vencimiento de su plazo de duración.
  • Voluntad de los socios de disolver la sociedad.
  • Pérdida de la totalidad del capital.
  • Pérdida de la mitad del capital en las sociedades anónimas.
  • Fusión de la sociedad con otra sociedad.
  • Sentencia que declare la disolución y liquidación.

Supuestos relativos a los socios (de carácter personal)

  • Concentración de las participaciones de los socios en un único socio.
  • Separación de un socio cuando la sociedad está formada por solo dos socios.
  • Quiebra de un socio en una sociedad formada por dos socios.
  • Fallecimiento de un socio en una sociedad formada por dos socios cuando los herederos no desean continuar en la sociedad.
  • Prisión.
  • Prohibición de viajar.
  • Detención y comparecencia forzosa del deudor.
  • Embargo de saldos, cuentas bancarias, depósitos y vehículos.
  • Embargo de los bienes del deudor en poder de terceros.
  • Embargo de la licencia comercial.
  • Embargo de terrenos e inmuebles.

El Decreto-ley Federal por el que se regulan las relaciones laborales en el sector privado creó tres modalidades de trabajo, «trabajo a tiempo parcial», «trabajo temporal» y «trabajo flexible», además del «trabajo a distancia» y de las modalidades ya existentes. La reforma se extendió también a los permisos: el nuevo código introdujo modalidades como el permiso por duelo, el permiso parental, el permiso por estudios y el permiso a tiempo completo para cumplir el servicio nacional y de reserva con retribución (para los ciudadanos), así como el permiso de maternidad.

Una de las modificaciones más significativas del nuevo Código Laboral es la limitación de los tipos de contrato de trabajo al contrato de duración determinada, con la transformación de todos los contratos de duración indefinida en contratos de duración determinada. El Decreto n.º 14 de 2022 también se modificó para permitir celebrar contratos de duración determinada por cualquier plazo, renovables según el acuerdo de las partes.

También se modificó el periodo de prueba, y el legislador exigió que no supere (6) seis meses. La ley regula los supuestos de extinción de la relación laboral durante el periodo de prueba. Si el empleador pone fin a la relación del trabajador durante el periodo de prueba, debe notificárselo por escrito con catorce (14) días de antelación a la fecha de extinción. Por otra parte, si el trabajador abandona su puesto durante el periodo de prueba, el trabajador que desee pasar a otro empleo y se encuentre aún en periodo de prueba deberá comunicarlo por escrito al empleador «con una antelación no inferior a un mes respecto de la fecha en que desee extinguir el contrato».

También se modificó la extinción del contrato durante el periodo de permiso: las partes de un contrato de duración determinada pueden extinguirlo durante el permiso, y el plazo de preaviso pactado en el contrato empezará a correr a partir del día siguiente a la reincorporación del trabajador tras el permiso.

El nuevo Código Laboral también permite que, si el empleador extingue el contrato de trabajo, el trabajador tenga derecho a ausentarse un día laborable no retribuido por semana para buscar otro empleo, siempre que lo notifique al empleador al menos (3) días antes de la ausencia. La parte que no respete el plazo de preaviso estipulado en el contrato deberá abonar a la otra parte una indemnización denominada «indemnización por falta de preaviso».

También se modificó, a favor del trabajador, el régimen del despido arbitrario y su indemnización, y el legislador lo limitó a un único supuesto. El empleador está obligado a abonar al trabajador una indemnización justa fijada por el tribunal. Si el trabajador fue despedido por haber presentado una reclamación laboral, la indemnización no podrá superar el salario del trabajador correspondiente a un periodo de (3) tres meses y se calculará sobre el último salario percibido, además de la indemnización por falta de preaviso y la gratificación por fin de servicio.

La nueva ley laboral también eximió de tasas judiciales, en todas las fases del procedimiento y de la ejecución, a los asuntos laborales y a las solicitudes presentadas por trabajadores o sus herederos cuyo importe no supere 100 000 AED.

Si el propósito de recurrir al arbitraje en lugar de a los procedimientos judiciales es agilizar la resolución de la controversia, lo lógico es excluir o limitar en la medida de lo posible las vías ordinarias de recurso. Siguiendo esta lógica, la mayoría de las legislaciones (especialmente en el comercio internacional) no admiten ningún tipo de recurso contra los laudos arbitrales. Esta tendencia se basa en que, desde el momento en que las partes acuerdan excluir la jurisdicción del Estado, desean también excluir la modificación y revisión del laudo arbitral por parte de esa misma jurisdicción.

Este es el principio; sin embargo, existe consenso en que debe garantizarse que los árbitros respeten los límites de su función mediante una acción especial de nulidad. Es lo que ha adoptado la mayoría de las legislaciones del mundo.

La doctrina comparada señala que el control de los tribunales sobre el laudo arbitral es esencialmente formal. Cuando el tribunal conoce de la acción de nulidad de un laudo, no actúa como tribunal de apelación que revisa los aspectos fácticos y jurídicos del asunto, ni como tribunal de casación que examina la correcta aplicación e interpretación del derecho por parte del tribunal arbitral; se limita a ejercer un control formal sobre el laudo, verificando, por ejemplo, la correcta constitución del tribunal arbitral, el respeto de las normas de orden público y la validez del convenio arbitral en los términos detallados en él. Algunos juristas van más allá y proponen suprimir por completo la acción de nulidad, de modo que el exequátur sea la única vía de control judicial sobre el arbitraje. Pese a la pertinencia de esta propuesta, nos parece que, por ahora, todavía debe demostrar su utilidad y eficacia en la práctica.

En principio, corresponde a la autoridad judicial competente ordenar la ejecución del laudo arbitral, salvo que una de las partes haya solicitado su anulación conforme a los siguientes supuestos, previstos de forma taxativa en todas las legislaciones:

Si el laudo se dictó sin que existiera convenio arbitral, o sobre la base de un convenio nulo, o fuera de plazo, o si el árbitro se excedió de los límites del convenio.

Si el laudo fue dictado por árbitros no designados conforme a la ley, o en virtud de un convenio arbitral que no especifica el objeto de la controversia, o por una persona sin capacidad para pactar el arbitraje.

Si no se respetaron los trámites esenciales, incluido el derecho de cada parte a presentar su defensa. Además, el tribunal declarará de oficio la nulidad del laudo arbitral en los siguientes supuestos:

Si el objeto de la controversia es una materia no susceptible de arbitraje. Si el laudo arbitral es contrario al orden público y a las buenas costumbres.

Los clientes bancarios se plantean esta pregunta cuando consideran que el banco les reclama importes indebidos o cuando han pagado la deuda en su totalidad con intereses y, sin embargo, el banco sigue reclamándoles cantidades adicionales o adopta medidas judiciales contra ellos, como una prohibición de viajar o una orden de embargo preventivo.

En este caso, le recomendamos seguir los pasos siguientes:

  1. Preparar un informe pericial de parte, elaborado por un experto bancario o contable, que incluya el extracto de la cuenta del cliente, el importe de los préstamos o facilidades recibidos del banco, lo que se ha pagado al banco y la liquidación de la cuenta entre el cliente y el banco.
  2. Interponer una demanda de designación de perito judicial y presentar el informe de parte (también es posible comenzar directamente por el paso 2).
  3. Una vez obtenido el informe judicial favorable al cliente, en el que el perito del tribunal acredite el derecho del cliente a recuperar determinadas cantidades, se interpone una demanda contra el banco. El tribunal designa entonces a un perito bancario o contable para examinar los derechos y obligaciones tanto del banco como del cliente (a la luz del informe de parte del cliente), llegar a una conclusión en su informe sobre la liquidación de la cuenta y remitir dicho informe al tribunal.

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