Artículo jurídico · Penal y ciberdelincuencia · 4 min de lectura · 29 jun 2026
Diferencia entre la expulsión judicial y la expulsión administrativa en los EAU
La expulsión es una de las medidas que adoptan los Emiratos Árabes Unidos para preservar el orden público y la seguridad social, y se divide en dos tipos: la expulsión judicial y la expulsión administrativa, que difieren en su naturaleza, sus causas y sus procedimientos legales.
Definición de la expulsión judicial y de la expulsión administrativa en los EAU
La expulsión judicial: es una pena impuesta por los tribunales emiratíes a los extranjeros condenados a una pena privativa de libertad por un delito grave o menos grave, de modo que la expulsión forma parte de la sentencia firme.
La expulsión administrativa: es una medida que adoptan las autoridades competentes, como la Autoridad Federal de Identidad y Ciudadanía, contra los extranjeros considerados una amenaza para la seguridad o el orden público, sin necesidad de una resolución judicial.
Fundamento jurídico de la expulsión judicial y de la expulsión administrativa en los EAU
Se fundamenta la expulsión judicial en el artículo 121 de la Ley Federal n.º 3 de 1987, por la que se promulga el Código Penal, modificada por la Ley Federal n.º 34/2005 y posteriormente por el Decreto-ley Federal n.º 7/2016. Dicho artículo dispone que, si un extranjero es condenado a una pena restrictiva de libertad por un delito grave o por delitos contra el honor, deberá dictarse su expulsión del Estado. Asimismo, en los demás delitos menos graves, el tribunal puede acordar su expulsión del Estado o imponer la expulsión en sustitución de la pena de prisión.
En cuanto a la expulsión administrativa, se fundamenta en la Resolución Ministerial n.º 360 de 1997, que aprobó el Reglamento de aplicación de la Ley Federal n.º 6 de 1973 sobre la entrada y residencia de extranjeros, modificada por el Decreto-ley Federal n.º 17 de 2017: el Fiscal General Federal o la persona en quien delegue de entre los órganos competentes, así como el presidente del consejo de administración de la Autoridad Federal de Identidad y Ciudadanía o la persona en quien delegue de entre los directores generales de la Autoridad, pueden dictar una orden de expulsión de un extranjero, aunque sea titular de un permiso de entrada, un visado de entrada o un permiso de residencia, si la expulsión es necesaria por razones de interés público, seguridad pública, moral pública o salud pública, o si carece de medios de vida manifiestos.
Conforme al artículo 4 bis del Decreto-ley Federal n.º 3 de 2017, todas las competencias y atribuciones relativas a la nacionalidad, los pasaportes y la entrada y residencia de extranjeros en el Estado, que antes correspondían al Ministerio del Interior, se transfirieron a la Autoridad Federal de Identidad y Ciudadanía, de conformidad con las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes.
Causas de la expulsión judicial y administrativa en los EAU
La expulsión judicial se aplica en supuestos como:
1- La comisión de delitos graves, como el homicidio, el robo, la estafa, la falsificación y el tráfico de estupefacientes.
2- Los delitos contra la moral pública, como el ejercicio de la prostitución.
3- Los asuntos que amenazan la seguridad nacional.
4- En algunos delitos leves, la pena de prisión puede sustituirse por la expulsión.
La expulsión administrativa, por su parte, se aplica en supuestos como:
1- El incumplimiento de las leyes de residencia y trabajo, como la residencia irregular o la infracción de los permisos de trabajo.
2- La existencia de antecedentes penales, aunque no se haya dictado contra la persona una sentencia de expulsión.
3- La comisión de actos que amenazan la seguridad pública o alteran el orden.
4- La sospecha de que una persona constituye un peligro para el Estado, aun sin prueba de que haya cometido un delito.
Procedimiento de ejecución de la expulsión en los EAU
La expulsión judicial: la persona es deportada a su país de origen en cuanto finaliza su condena de prisión, si la hubiera, y su nombre se incluye en la lista de personas con prohibición de entrada en el Estado, de forma temporal o permanente según lo que decida el tribunal.
La expulsión solo puede dejarse sin efecto mediante una solicitud formal de indulto presentada a la Fiscalía o a los órganos competentes, que se examina en casos excepcionales.
La expulsión administrativa: el extranjero expulsado no puede regresar a los EAU sin obtener antes una autorización especial del director general de la Autoridad Federal de Identidad y Ciudadanía.
Debe presentarse a tal efecto una solicitud ante la Dirección de Permisos de Entrada y Residencia, en la que consten los datos de la residencia anterior, los motivos de la expulsión y las circunstancias sobrevenidas que puedan justificar el regreso, junto con la documentación acreditativa.
A la persona expulsada se le concede un plazo para liquidar sus intereses en el Estado previa constitución de una garantía, sin que dicho plazo pueda exceder de tres meses.
