Artículo jurídico · General · 1 min de lectura · 29 jun 2026
El demandante «I.G.R.S.A.» solicitó al tribunal que lo declarara insolvente en el asunto n.º 39 de 2024 (procedimiento de insolvencia), alegando que no podía pagar sus deudas a los acreedores, entre ellos la sociedad «S.R.L.». Como trámite legal, el tribunal ordenó publicar en la prensa local, en árabe y en inglés, un anuncio de apertura del procedimiento de insolvencia, para que los acreedores pudieran presentar sus créditos dentro de un plazo determinado.
Sin embargo, ningún acreedor presentó su crédito, salvo uno solo, que reclamó 3 315 213 dírhams emiratíes: «S.S.», a título personal y en calidad de director de la sociedad «S.R.L.», lo que no bastaba para acreditar la situación alegada por el deudor. Por ello, el tribunal designó a un perito financiero para estudiar su situación económica y valorar sus activos y deudas, pero no halló pruebas suficientes de que no pudiera cumplir sus obligaciones financieras. Aun existiendo deudas a su cargo, nada demostraba que atravesara dificultades financieras persistentes que le impidieran pagar.
Además, el tribunal observó que el único acreedor que había presentado su crédito no bastaba para respaldar la posición del deudor en su solicitud de insolvencia. Conforme a la Ley Federal n.º 19 de 2019, la incapacidad financiera debe ser manifiesta, lo que no quedó acreditado. Tras examinar todos los documentos e informes, el tribunal concluyó que en este caso no concurrían los requisitos de la insolvencia.
Finalmente, el 8 de enero de 2025 se dictó sentencia que desestimó la solicitud de declaración de insolvencia, de modo que el deudor sigue obligado a pagar sus deudas a los acreedores y deberá buscar otras vías para cumplir sus obligaciones financieras.
